Entre las tres formas de poder, al político se le ha considerado el poder supremo y el que distingue al grupo dominante en cada sociedad, porque es la forma que posee el instrumento decisivo para llegar a imponerse: la fuerza. De hecho, toda sociedad necesita del poder de la fuerza tanto para defenderse de posibles ataques externos como para impedir la propia desintegración interna.
Uno de los autores clásicos que reflexionó sobre la necesidad del poder político fue Thomas Hobbes. Para este filósofo del siglo XVII, el poder político es el que se encarga, precisamente, de dar protección y seguridad a los miembros de una sociedad, lo que permite, a su vez, el desarrollo de todas las actividades humanas, como la industria, el cultivo de la tierra, el comercio, los viajes y el conocimiento, por mencionar algunos de los más relevantes. En este sentido, se reconoce el lado positivo, constructivo, que tiene el poder político en la vida de una sociedad.
Pero no cualquier uso de la fuerza caracteriza al poder político. ¿Cuál sería la diferencia entre una banda de asaltantes y el poder político? Además de que la primera busca sólo su propio interés y la segunda el de la sociedad en su conjunto, la fuerza que caracteriza a este último no es cualquier tipo de fuerza, pues ésta es o debe ser legítima, es decir, debe tener una justificación. Esta justificación es de la que emana precisamente el carácter obligatorio de sus mandatos y que, cuando éstos no sean cumplidos, se pueda recurrir al uso de la fuerza. En este sentido, la diferencia entre alguien que entrega su dinero a una banda de asaltantes y otro que paga sus impuestos a la Secretaría de Hacienda, es que el poder que ejerce esta última tiene una justificación social con base en la cual se considera una obligación el mandato de que las personas económicamente activas paguen impuestos de acuerdo con ciertas reglas preestablecidas (y que, en caso de no cumplirse, ameritará una sanción).
De esta manera, tenemos que el poder político es aquel que logra condicionar el comportamiento de los miembros de una sociedad, emitiendo mandatos que son normalmente obedecidos porque se consideran una obligación. Decimos “normalmente” porque nunca falta aquel que pretende no cumplir con las disposiciones establecidas, a pesar de que se ve beneficiado por la observancia que hacen los demás. Es en estos casos donde el poder político puede utilizar legítimamente la fuerza para sancionar.
A lo largo de la historia se han formulado diversos principios de legitimidad del poder político, entre los que destacan la voluntad de Dios y la voluntad del pueblo: con la primera se justificó, en las antiguas monarquías, el derecho divino que tenían los reyes de mandar; con la segunda, expresada actualmente en los procesos electorales, se justifica el derecho de los elegidos a mandar en los gobiernos democráticos. Por eso los procesos electorales son tan importantes en países que, como el nuestro, tienen un régimen democrático, porque en ellos se define quiénes tendrán la legitimidad de mandar y ser obedecidos.
Entre los diversos principios de legitimidad del poder político nos detendremos brevemente en la formulación hecha por uno de los principales sociólogos de la segunda mitad del siglo XIX: Max Weber. Este autor planteó que el poder político sólo llega a ser efectivo si es legítimo; es decir, que una autoridad puede —por medio de la emisión de mandatos que normalmente son obedecidos— condicionar el comportamiento de los miembros de su comunidad sólo porque éstos consideran que el contenido de los mismos es una máxima a seguir. ¿Por qué pueden llegar a considerar esto? Weber encuentra tres razones básicas: la creencia en las dotes extraordinarias del jefe, la creencia en la santidad de las tradiciones y la creencia en la racionalidad del comportamiento de acuerdo con la ley.
A cada una de las razones por las cuales los miembros de una comunidad obedecen los mandatos emitidos por la autoridad le corresponde un tipo de poder político: el poder carismático es el que sustenta su legitimidad en las dotes extraordinarias del jefe; el poder tradicional, en la santidad de las tradiciones que señalan quién debe ejercer el poder; y el poder legal, en la racionalidad de las leyes establecidas que indican quién tiene derecho a mandar. Pensemos, por ejemplo, en un caudillo carismático como Emiliano Zapata o Francisco Villa en el periodo de la Revolución mexicana, en un Consejo de Ancianos de alguna comunidad indígena del país, y en el presidente de México, respectivamente. Los tres tipos de poder político se dan normalmente de manera combinada en el mundo real. Por ejemplo, en el caso del presidente de la República Mexicana, además de las disposiciones legales que rigen el proceso de elección, normalmente en las campañas que realizan los candidatos con el fin de que la gente vote por ellos se preocupan por verse carismáticos (llegan a destinar grandes recursos para cambiar su “imagen”) y se presentan como personas orgullosas de la historia nacional y de las costumbres.
Aunque en la realidad podamos ver cierta combinación de las tres formas de poder señaladas por Weber, es importante distinguirlas porque, a pesar de ello, lo que caracteriza a las actuales democracias es que son del último tipo, es decir, el poder político es fundamentalmente un poder legal: la legitimidad de la autoridad descansa en la creencia de que es racional comportarse conforme a la ley, la cual establece quién tiene derecho a mandar.
