En su investigación sobre la influencia de Alemania, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia sobre México durante la Revolución mexicana, Friedrich Katz84 explicó las causas del levantamiento armado en tres procesos que iniciaron con la restauración de la República y se desarrollaron durante el porfiriato: la transformación del norte, de frontera con los indios a frontera con Estados Unidos; la expropiación de las tierras comunales a las comunidades campesinas, y el lugar primordial de México a nivel latinoamericano en la rivalidad entre Estados Unidos y las potencias europeas.85 Estos procesos describen de manera acertada las principales características de la política económica mexicana durante la dictadura de Díaz.
Sobre el estado de la economía y la política en México durante el porfiriato, algunos datos son básicos. Entre 1860 y 1910 la población total de México, tanto como la económicamente activa se duplicó. Si se considera, con todos sus límites, la Estadística de la República mexicana publicada por José María Pérez Hernández en Guadalajara el año de 1862, la población ocupada constituía alrededor de tres millones,86 frente a la población total que superaba los ocho millones.87 Para 1910, el censo oficial arrojó un total de casi seis millones de mexicanos formalmente ocupados, frente a 15 millones que, según el gobierno, constituían el total de la población. ¿Cuál fue el significado de este incremento? Aunque la población ocupada se duplicó entre 1860 y 1910, la proporción de trabajadores agrícolas prácticamente se mantuvo en poco más o menos de 60% del total. Lo que sí cambió fue el porcentaje de trabajadores mineros, industriales y artesanos de las ciudades, que pasó de poco menos de 3% en 1861, a casi 19% de los ocupados en 1910.
Para entender estos cambios en la estructura del trabajo, conviene recordar los principales efectos de la política económica liberal en tiempos de Juárez y su continuación bajo el régimen de Díaz. La desamortización de tierras decretada por la ley de julio de 1863, que usualmente la historiografía liberal ha vinculado a la enajenación de tierras de la Iglesia, en realidad fue el instrumento jurídico que sirvió para despojar a las comunidades agrarias indígenas.88 Esta política de los grupos liberales mexicanos tuvo sus antecedentes en las propuestas para el Constituyente de 1824 y sus artífices. Para los mexicanos liberales, los documentos que amparaban la propiedad común y la vinculación de las tierras no tenían validez por pertenecer al régimen virreinal, en los casos que las comunidades los tuvieran, pues, en sentido estricto, las congregaciones de indios, antecedente directo de los pueblos indios posteriores, no obtuvieron del rey español un título de propiedad.89 El proceso desamortizador se profundizó en el gobierno de Manuel González, con las leyes de colonización y compañías deslindadoras en diciembre de 1883, y de Porfirio Díaz, con las leyes de ocupación y enajenación de baldíos, en marzo de 1884, que formularon el marco legal para la contratación estatal de compañías deslindadoras, instrumentos del despojo de los pueblos y comunidades rurales en favor de las oligarquías locales y las empresas estadunidenses.
A principios del siglo XX, 98% de las tierras de comunidad habían sido arrebatadas, entregadas a empresas agropecuarias, nacionales y extranjeras, orientadas a la plantación de exportación o a la industria extractiva, y sus antiguos poseedores se convirtieron en trabajadores agrícolas, atados por deudas al trabajo agrícola de los monopolios exportadores. Estos dos elementos, la concentración de la tierra y la liberación de mano de obra agrícola, constituyeron el fundamento de la hacienda porfiriana, que ordenó la vida cotidiana del México rural hasta 1910.
Una parte de los despojados migró a los centros de trabajo industrial, en las viejas ciudades mineras del norte y los nuevos centros de enclave extractivo, así como los centros productores de textiles del centro y sur del país. Otra parte fue obligada a trabajar en las empresas agroindustriales impulsadas por el Estado, es el caso de la introducción de mano de obra yaqui en el Valle Nacional como represalia ante su aguerrida resistencia.
Durante el gobierno de Lerdo de Tejada, el norte de México fue comunicado a través del ferrocarril, con la capital y con algunas de las ciudades fronterizas estadunidenses. Las políticas de colonización promovidas por el gobierno de Juárez continuaron una tradición de asentamiento basada en la pequeña propiedad y su defensa frente a las incursiones indias.
Tras el fin de la resistencia apache en 1884-1885, los pueblos, comunidades y haciendas tradicionales vivieron la llegada de inversiones estadunidenses a sus tierras, que modificaron por completo las relaciones sociales, la economía y la política en diversas direcciones regionales. Mientras en Chihuahua y Sonora se formó una oligarquía aliada con el gobierno central y los capitalistas extranjeros, en la región lagunera y, en general, en Coahuila, las élites locales, entre las que se encontraba una de las más ricas y poderosas familias del norte, los Madero, vieron con recelo la entrada del capital estadunidense y nunca se alinearon del todo a las decisiones del gobierno central.
Las inversiones estadunidenses fueron impulsadas por el gobierno de Díaz, mientras éstas constituían un contrapeso que permitía reorganizar las políticas regionales a favor del centro. Pero las empresas estadunidenses aprovecharon al máximo su expansión sobre el norte mexicano y en pocos años se convirtieron en grandes monopolios que imponían sus condiciones en la región. Firmas como la American Smelting and Refining Company, la Standard Oil y la Mexican Petroleum Company se apropiaron de grandes extensiones de tierra, controlando las rutas ferrocarrileras y las marítimas del Golfo de México; en tanto que la firma financiera Speyer, con sede en Nueva York, controlaba el crédito.
El crecimiento de la influencia de Estados Unidos en México se volvió más preocupante con la victoria estadunidense sobre España en 1898 y las ocupaciones de Haití, Cuba, Puerto Rico y Panamá. Durante el último decenio del porfiriato, el gobierno mexicano buscó contrarrestar la supremacía del capital estadunidense sobre su territorio.
Como los monarquistas de mediados del siglo XIX, los "científicos" de principios del XX advirtieron la amenaza del vecino del norte y buscaron un contrapeso, favoreciendo inversiones de empresas europeas. Así, los capitalistas franceses invirtieron en la deuda pública del gobierno central, la banca y una parte de la industria,90 en tanto que los alemanes se convirtieron en la segunda potencia exportadora con destino en México, sólo después de Estados Unidos. Pero fueron los ingleses, en particular la firma Pearson Trust, quienes se volvieron un verdadero obstáculo para los intereses estadunidenses.91 Para frenar el control de las rutas férreas por parte del consorcio Standard Oil-Speyer, en 1907, el gobierno de Díaz formó una nueva compañía, Ferrocarriles Nacionales de México, con la participación de los británicos en la dirección, quienes cancelaron el contrato con la Mexican Petroleum, de capital estadunidense, para abastecer de petróleo el ferrocarril. Tras el descubrimiento de nuevos yacimientos petroleros en 1905, tres años después se formó la Compañía Mexicana de Petróleos "El Águila", con capital británico del consorcio Pearson. En 1910, México producía casi 3 500 000 barriles de crudo que incrementaban las ganancias comerciales y las inversiones británicas.92 Pero entonces, el gobierno y los capitalistas estadunidenses decidieron que era tiempo de un cambio de gobierno en México y, si bien declararon su neutralidad, el mercado de armas estadunidense se convirtió en el abastecedor universal de los diversos grupos revolucionarios y la frontera norte mexicana fue el paso obligado de esas operaciones.
