La justicia no sólo está vinculada a las leyes —al imperio de la ley—, sino también a la igualdad, otro concepto que ha acompañado a la reflexión filosófica a lo largo de su historia. A pesar de su diversidad, las distintas concepciones de la justicia se caracterizan por exigir la igualdad de algo especialmente importante, igualdad que es siempre en un ámbito específico y, normalmente, en contra de la igualdad en otros ámbitos.
Por ejemplo, para Aristóteles, los seres humanos se caracterizan por ser racionales, lo que no implica que sean iguales por naturaleza, porque no todos gozan del ejercicio pleno de la razón, no todos son capaces de deliberar adecuadamente, como es el caso de las mujeres, los niños y los esclavos, así como los extranjeros, que quedan excluidos de la política. Esta desigualdad es una tesis central de su filosofía: el ámbito de la política es el que se caracteriza por ser entre iguales, entre ciudadanos que gozan plenamente del uso de la razón; en cambio, es dentro de la casa (en las relaciones entre el amo y el esclavo, entre el hombre y la mujer) y fuera de la ciudad (en las relaciones entre griegos y extranjeros) donde se presentan las grandes desigualdades al valorarse como algo positivo y superior a sólo una de las partes que están relacionadas (al amo, al hombre y a los griegos, respectivamente). Para este autor, la justicia es ante todo equidad, entendiendo por ésta dar a cada quien lo que se merece dependiendo del papel (desigual) que desempeña en las relaciones sociales.
Frente a la desigualdad natural del pensamiento antiguo —que restringe la igualdad sólo a los hombres libres, a los ciudadanos—, el pensamiento moderno parte de la idea de una igualdad natural. Por ejemplo, para Hobbes todos los seres humanos, a pesar de sus diferencias de fuerza o astucia, son iguales por naturaleza, en el sentido de que todos tienen, en última instancia, la capacidad de matar al otro para poder sobrevivir. Esta igualdad natural, que incluye también a las mujeres, es la fuente del conflicto permanente que caracteriza al estado de naturaleza —una guerra de todos contra todos y en la que cada quien busca subsistir como puede— y que lleva finalmente a la necesidad de crear al Estado para poder vivir juntos en paz y con seguridad. De esta manera, Hobbes afirma que toda desigualdad —sea de riqueza, de poder o de nobleza— proviene necesariamente de la sociedad, de las leyes sociales, por lo que no es natural.
El impresionante desarrollo económico y el progreso tecnológico que caracterizan a nuestro mundo han estado acompañados de grandes desigualdades, no sólo entre las naciones, sino también dentro de cada una de ellas. Estos problemas son más grandes y complejos de lo que normalmente se reconoce. No sólo es una cuestión de crecimiento económico, sino de una serie de factores íntimamente vinculados entre sí, como pueden ser el analfabetismo, la exclusión social, la inseguridad económica y la negación de la libertad política. En otras palabras, la capacidad de los sectores menos favorecidos de la sociedad para participar y beneficiarse del desarrollo de la misma depende de una serie de condiciones sociales preliminares. Por ejemplo, si las condiciones iniciales en las que una persona se desenvuelve son tan desiguales que no tiene acceso a educación ni a servicios de salud de calidad, y sobrevive, difícilmente podrá desarrollar las capacidades necesarias para optar por un buen trabajo.
Como señalamos, la legalidad es una condición necesaria, pero no es suficiente, para una sociedad justa. Cuando hablamos de justicia se debe establecer claramente cuál es el ámbito en el que debemos ser iguales, lo que legitima a su vez la desigualdad en otros ámbitos. Por ejemplo, entre los filósofos contemporáneos que han reflexionado sobre este tema destaca el autor estadunidense John Rawls, quien señaló que en una sociedad justa sus instituciones deberían garantizar a todos los individuos iguales libertades básicas: la libertad de pensamiento, prensa, expresión, asociación, movimiento, conciencia; así como el derecho a la propia integridad, a la propiedad personal, a un proceso justo, al voto y a ser candidato para puestos de elección popular. Asimismo, establece que en una sociedad justa las desigualdades sociales y económicas sólo estarían justificadas si son el resultado de cargos o posiciones a las que todos tienen acceso en igualdad de oportunidades, o si son desigualdades que buscan promover el mayor beneficio para los miembros menos favorecidos de la sociedad. De esta manera, la igualdad de libertades y derechos civiles y políticos es fundamental para una sociedad justa, y sólo deben ser consideradas legítimas las desigualdades sociales y económicas que sean fruto de las actividades que realizan las personas y a las que todos pueden acceder en igualdad de condiciones, o las desigualdades con las que se trata de mejorar la condición en la que viven aquellos que se encuentran peor (como es el caso, por ejemplo, de becas ofrecidas sólo a la población de menos recursos con el fin de que puedan alimentarse).
