Cartel electoral antisemita del Partido Social Cristiano en Viena, 1918.
Desde los orígenes de un verdadero sistema de estados en los acuerdos europeos de 1648, la política estatal (fuese por medio de conflictos armados, negociaciones o ambas vías) apuntaba, ante todo, a trazar y conservar (garantizar "internacionalmente") las fronteras que separaban y encerraban el territorio de soberanía legislativa y ejecutiva de cada uno de aquéllos. La imagen del "orden global" se reducía a la suma de órdenes locales, cada uno de ellos sostenido por el eficaz poder policial de un solo Estado territorial. La consolidación del sistema de Estado-nación no fue un proceso uniforme, ni afectó a cada país y a cada región de forma similar: desde el inicio, este proceso implicó grandes costos para la autonomía e independencia de muchas colectividades, especialmente en los estados menores y en las civilizaciones extraeuropeas, en donde el dominio de uno solo sobre un territorio se volvió dominio colonial sobre otras sociedades.
Este modelo de equilibrio de los Estado-nación europeos funcionó hasta 1945, cuando la formación del bloque soviético dio lugar al modelo bipolar. Desde la segunda mitad del siglo XX y hasta 1990, sobre ese mundo parcelado por los estados soberanos se superpusieron dos bloques de poder. Ambos promovieron un grado de coordinación creciente en la administración de los estados, basado en la hipótesis de la insuficiencia militar, económica y cultural de cada uno por separado. Se promovió así, en la práctica política antes que en la teoría, un principio nuevo de integración supraestatal. La escena global se convirtió en el teatro de la coexistencia y la competencia entre grupos de estados (Bauman, 1999; Held, 1997).
En el bloque capitalista liderado por Estados Unidos los acuerdos de Bretton Woods, firmados en 1944, funcionaron como reglas comunes en la internacionalización de las relaciones de mercado hasta inicios de los años setenta. Estos acuerdos establecían reglas en cuanto a los tipos de cambio fijos, el patrón oro de equivalencia universal, la creación de organismos financieros multilaterales para la libre circulación de capitales (Fondo Monetario Internacional, FMI) y el fomento del desarrollo por medio de préstamos a las economías pobres (Banco Mundial, BM). Para la década de los setenta, Estados Unidos busca compensar su rezago productivo manufacturero frente a Europa y Japón, así como su déficit comercial, fiscal y de deuda externa, para lo cual abandona el patrón oro, convierte al dólar en el único medio internacional de cambio, y hace crecer artificialmente el mercado de divisas al incrementar el circulante monetario con la emisión de dólares destinados a la especulación monetaria y no a la inversión productiva. Esto provocó que se ejerciera presión en los tipos de cambio, promoviéndose la baja del dólar y el alza de las monedas europeas y japonesa, y recuperándose artificialmente la competitividad mundial de las manufacturas estadunidenses.
Esta situación también provocó un aumento considerable de los intercambios de divisas en el mundo, la mayor parte de las cuales no corresponden a ningún intercambio real de mercancías, sino a la búsqueda de beneficios financieros inmediatos. Los movimientos especulativos provocan una gran inestabilidad del sistema monetario y causan una sucesión de graves y contagiosas crisis económicas, que arruinan en pocos días el esfuerzo de naciones enteras. La primera de estas grandes crisis se presentó a principios de 1980, en los inicios de la estrategia neoliberal para frenar la explosión inflacionaria causada por las políticas gubernamentales de expansión del gasto público (déficit presupuestal) para la estimulación de la demanda; crisis que se caracterizó por dos cuestiones cruciales: el aumento de los precios del petróleo y los ajustes de la política monetaria y fiscal en las metrópolis industriales,
El resultado inmediato de esta crisis fue el aumento de las tasas de interés hasta niveles de castigo y la cancelación de las fuentes de financiamiento externo. Las consecuencias para los países latinoamericanos, particularmente México, los países socialistas de Europa Oriental, y los países árabes y africanos, fueron devastadoras y frenaron por completo el crecimiento (Skidelsky, 1999). Estos países durante la década de los setenta habían mantenido la expansión de las inversiones públicas y las políticas de fomento a la exportación mediante grandes préstamos de la banca internacional a tasas bajas (véase cuadro 8).
Para el Estado-nación, una primera consecuencia del predominio de las políticas neoliberales fue la pérdida de un amplio espectro de controles, formales e informales, sobre las fronteras que anteriormente habían servido para restringir la circulación de bienes y servicios, equipo productivo y tecnología, y el intercambio cultural y de ideas. El resultado fue la disminución de la capacidad del Estado para controlar las actividades dentro y a través de sus fronteras. El impacto del flujo del capital privado a través de las fronteras puso en peligro las medidas antiinflacionarias, las tasas de cambio, la política impositiva y otras disposiciones gubernamentales (Held, 1997).
Desde los años setenta, las economías nacionales se han visto minadas por la extensión de empresas multinacionales capaces de organizar el flujo de información, capital, tecnología y capacidad manufacturera a través de las fronteras. Ya no existen empresarios, financieros, firmas, industrias y economías inmóviles en el espacio, a los que se pueda regular, administrar y hacer pagar con fines nacionales. La obligatoriedad sólo se aplica a los individuos y no a las corporaciones económicas; éstas operan en un espacio global donde no se han encontrado los sustitutos supranacionales de la administración nacional, incluso cuando la autosuficiencia militar, económica y cultural, y la sustentabilidad del Estado estén lejos, en muchas partes del planeta, de ser una perspectiva viable. Para ganar la confianza de los inversionistas, la única tarea económica que se le permite al Estado —y que se espera que éste cumpla— es mantener un "presupuesto equilibrado" al reprimir y controlar las presiones locales a favor de una intervención más vigorosa en la administración de los negocios y en la defensa de la población ante las consecuencias más duras de la arbitrariedad del mercado (Bauman, 2001).
Así, con mercados financieros de gran alcance, instantáneos y de enorme volumen (en otros tiempos lo grande desplazaba a lo pequeño, ahora lo rápido desplaza a lo lento), lo que ahora le importa al capitalismo no es tanto dónde se fabrica un producto determinado, sino quién posee la patente. Lo que cuenta es el control de la idea, de la distribución más que de la producción que se hace global, distinguiéndose así entre lugar de inversión, lugar de producción, lugar de declaración fiscal y lugar de residencia. Esto es lo que algunos autores llaman la "deslocalización del proceso productivo", que está en la base de la crisis del Estado de bienestar y que se manifiesta, en las metrópolis, con el aumento del paro y el aumento del gasto social para el desempleo, y en los países periféricos, con el crecimiento de mercados laborales no regulados (maquilas), así como la imposición de las políticas "desreguladoras" y "neoliberales" del consenso de Washington, el acuerdo multilateral de inversiones, el BM y el FMI.
Para finales de los años ochenta, particularmente en Latinoamérica, el modelo de desarrollo hacia dentro, de sustitución de importaciones y de Estado interventor, es remplazado por las nuevas políticas neoliberales en contra del Estado "obeso" por el aumento en el gasto social y la corrupción adyacente. Estas políticas han consistido en la disminución de dicho gasto, la desregulación estatal, la privatización de los servicios públicos, la preeminencia del mercado, la eliminación de barreras arancelarias en países periféricos, mientras las mismas se mantienen en las metrópolis. Todo esto significa limitar las funciones del Estado a las de vigilancia policiaca y militar.
El resultado es el aumento dramático de la polarización social, con un pequeño grupo de alta concentración de ingresos que está dentro del mercado (con un consumo altamente diferenciado, cosmopolitismo de élite, movilidad territorial y en la red), y los que están fuera de él (en situación de exclusión social, economía informal, migración forzada y delincuencia). Además, con un Estado que no regula el conflicto social y no puede establecer compensaciones diferenciadas, ya que se encuentra cada vez más al servicio de la élite, y con un aparato de justicia que sanciona la pobreza.
Al romperse los nexos que muchas asociaciones civiles tenían con el Estado, y al desaparecer las diversas formas de intervención estatal, la conflictividad (por ejemplo la delincuencia) tiende a crecer sin que el Estado encuentre nuevas formas de amortiguar la desintegración social. Esto tiene que ver con el debilitamiento del orden legal en un determinado territorio (cuyos ejemplos más dramáticos en América Latina son Colombia y México) y, por lo tanto, con el debilitamiento de la publicidad entendida como visibilidad y control. En cuanto el Estado es incapaz de garantizar la dimensión pública (legal) en el territorio nacional por la aparición de zonas de violencia privada, se comienzan a crear circuitos regionales de poder virtualmente privatizados, territorios controlados por la delincuencia organizada o por movimientos sociales (EZLN, FARC) (Rabotnikof, 1997).
El territorio urbano se convierte en el campo de batalla de una guerra continua por el espacio, que a veces estalla en disturbios en los vecindarios pobres, en los enfrentamientos multitudinarios de los espectáculos deportivos, o en la violencia homicida del narcotráfico en México. La localidad se convierte en una zona de riesgo en donde el "factor miedo" crece, proliferando los sistemas de seguridad en automóviles, casas y vecindarios, así como los mensajes de peligro emitidos por los medios de comunicación masivos (Bauman, 1999).
El papel tradicional del Estado se reduce cada vez más al control directo de ciertas categorías sociales: los pobres posmodernos redefinidos como "consumidores defectuosos" y, de modo más general, todas las categorías sociales peligrosas, potencialmente criminales, que al quedar excluidas de la agenda establecida por el mercado recurren, presumiblemente, a alternativas que dicha agenda deja fuera. En cuanto al resto de la población, un espectro cada vez más amplio de opciones alternativas es considerado, explícitamente o por omisión, fuera de la incumbencia de las autoridades políticas (Bauman, 2001). Es el avasallamiento de los poderes económicos multinacionales en contra de las instituciones políticas y sociales que tradicionalmente habían constituido una barrera de protección para los individuos y las comunidades.
En lo que se refiere al ámbito físico, la "plaza" como delimitación de un espacio propiamente político, que funciona como centro de referencia para todos, es víctima de la transformación de los espacios urbanos, disminuyendo rápidamente en dimensiones y número, y los pocos que quedan tienden a ser cada vez más selectivos. Los espacios públicos tradicionales son remplazados por espacios construidos y poseídos por entidades privadas y destinados al consumo y en donde el acceso depende de la capacidad de pagar. Los centros comerciales están construidos de tal manera que mantienen a la gente en movimiento, mirando a su alrededor, atraída y entretenida constantemente —pero en ningún caso durante mucho tiempo— por las interminables atracciones. La organización física del espacio no alienta a la gente a detenerse, mirarse, conversar, pensar, ponderar y debatir algo distinto de los objetos en exhibición, a pasar el tiempo en actividades desprovistas de valor comercial.
Esta privatización del espacio público tiene como consecuencia una disminución de la importancia de los líderes de opinión locales, aquellos que filtran, evalúan y elaboran para los demás residentes locales los mensajes que llegan desde "afuera" en los medios de comunicación. Para cumplir esa función, los líderes locales debían hacerse oír por la localidad, necesitaban un espacio donde los locales pudieran reunirse a hablar y escuchar. En esa ágora, las voces de los líderes locales competían con las que venían de lejos y, con su convicción, eran capaces de sobreponerse a los recursos de la autoridad, debilitada por la distancia (Deutsch, 1971).
Al mismo tiempo, las antiguas formas de acción colectiva dejan de ser movimientos de liberación y crítica política para encerrarse en la defensa corporativa, afirmándose como grupos caracterizados por la lógica de los intereses económicos particulares y privados, como las organizaciones sindicales, empresariales, profesionales, comunitarias, etcétera. Éstas se institucionalizan en campos definidos de acción, y se burocratizan con temas fijos y rígidos que no reconocen la existencia de un nuevo tipo de sociedad, intentando apropiarse de los espacios públicos en función de sus intereses particulares. A su vez, en la esfera estatal, las empresas y corporaciones estatales, formalmente públicas, encuentran su lógica en la defensa de intereses particulares, económicos o sectoriales, comportándose en la práctica como organizaciones de mercado (Vieira, 1998).
La reducción de la esfera de acción de las instituciones políticas nacionales, así como el debilitamiento y burocratización de las asociaciones sociales tradicionales y su progresiva conversión en grupos de interés limitados a espacios privados, sectoriales y locales, ha implicado la emergencia de nuevos actores ciudadanos comprometidos con la construcción de organismos y movimientos no gubernamentales, no corporativos, no mercantiles y no partidarios. A diferencia de las organizaciones sociales tradicionales, estos nuevos actores ciudadanos son privados en su origen, pero públicos en su finalidad. Estas nuevas organizaciones y movimientos no pretenden constituirse en voz única de la sociedad, sino que sus acciones construyen en los hechos nuevos espacios públicos constituidos por una pluralidad de voces organizadas como circuitos de comunicación estructurados en torno a temas que logran, como tales, especificar el abanico de lo políticamente posible, canalizar el potencial (escaso) de la atención consciente, y convocar a la formación de consensos y disensos basados en la discusión abierta de opiniones y posiciones diversas.
Los temas de debate y agrupamiento social, que forman la agenda en los nuevos espacios públicos ciudadanos, tienen que ver con la crisis del medio ambiente ante la ausencia de regulaciones contra la devastación ecológica (calentamiento global, deforestación, contaminación de ríos y mares, y crisis alimentaria); en este rubro destacan organizaciones como Greenpeace y otros movimientos de defensa del ambiente. Otro tema de interés central para estas organizaciones es la salud pública, sobre todo en relación con la expansión global de las pandemias (sida, hepatitis C, gripe aviar, mal del ébola, influenza), en las zonas de miseria extrema en el planeta afectadas por conflictos políticos y militares, en donde actúan asociaciones como Médicos Sin Fronteras. También se considera el problema de la defensa de los derechos humanos frente al atropello de los gobiernos, en donde organizaciones como Amnistía Internacional cuentan con una larga experiencia de intervención activa. El problema de las nuevas tecnologías genéticas y la disputa por los derechos de propiedad intelectual sobre los organismos vivos ha provocado que las organizaciones campesinas de pequeños productores agrícolas —entre las que destaca la Vía Campesina encabezada por José Bové— sean uno de los componentes más dinámicos de la actual lucha mundial en contra de las políticas neoliberales.
Otros actores históricos, cuyas demandas están presentes por doquier en la opinión pública de las sociedades industrializadas desde finales de los años sesenta, son los jóvenes, las mujeres, y los miembros de las minorías sexuales. Un tema que en los últimos años ha resurgido con particular dramatismo es el de la polarización social en las metrópolis, causada por la migración de población de los países periféricos a los centros desarrollados en busca de los mercados de trabajo, por ejemplo, la migración árabe y africana hacia Europa, o los latinoamericanos que se trasladan a Estados Unidos. El tema de la migración refiere a realidades enfrentadas en torno a nociones como multiculturalismo, polivalencia cultural, nacionalismo cultural, fundamentalismo étnico y religioso, y en general a la relación entre culturas globales, nacionales y locales (véase cuadro 9, p. 341).
Estos actores y voces actúan en el contexto de la revolución permanente de la información y las tecnologías de la comunicación, que para muchos ha implicado la posibilidad de revertir el modelo "panóptico" del poder moderno que, permaneciendo en la sombra, observa a sus ciudadanos sin dejarse observar por ellos. Para algunos autores esta supuesta reversión que en las sociedades modernas permite al público observar más al poder, provocada por el auge de los nuevos medios, encuentra algunas limitantes como: la ampliación y extensión de bases de datos con fichas personales de todos los ciudadanos, que permiten a quienes detentan el poder observar al público mucho mejor que los Estados del pasado. También la "interactividad" de los nuevos medios constituye una exageración, ya que internet no es para todos, y difícilmente será algún día de uso universal. El resto de la población queda relegado a la red de la televisión que es un medio unidireccional. Otra limitante de internet es que la mayoría de los usuarios no utiliza el instrumento para la adquisición de conocimientos e información de acuerdo con intereses intelectuales, sino que quedan atrapados en los circuitos de "entretenimiento", por lo que la red queda reducida a la misma función de la televisión (Foucault, 1978; Bauman, 1999; Sartori, 1997).
En contraparte, internet ha mostrado sus amplias ventajas en el establecimiento de espacios públicos alternativos, en donde es posible convocar a la formación de redes de acción internacional en torno a temas concretos. Los ejemplos más importantes son, en primer lugar, la formación de las redes de apoyo internacional al movimiento zapatista (la "primera insurrección contra la mundialización liberal", Le Bot, 2009), que logra la articulación ciudadana de lo local y lo global en torno a temas comunes relacionados con la libertad y la justicia, y con una nueva forma de lucha: la guerra de contrainformación en la red (netwar).
Otro ejemplo es la formación de la Asociación para la Tasación de las Transacciones Financieras para la Ayuda al Ciudadano (ATTAC) —o movimiento por la aplicación de la llamada "tasa Tobin"—, un importante intento ciudadano para avanzar en el logro de límites normativos a la acción incontrolada de los fondos financieros globales, y que ha mostrado su capacidad de convocatoria en las protestas masivas desarrolladas en los distintos foros gubernamentales y financieros internacionales. En enero de 2001, junto con el Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil, la ATTAC convocó a la realización del I Foro Social Mundial (FSM) en Porto Alegre, que desde entonces y hasta la fecha se ha reunido anualmente en diferentes sedes del mundo (el IX FSM se realizó en enero de 2009 en Belem, Brasil).
Los nuevos espacios públicos en gestación se desarrollan por medio de la integración, en distintos niveles de escala (local, nacional e internacional), de temas que articulan una nueva configuración ciudadana capaz de construir amplias coaliciones que transitan por nuevas vías. En ellas la república está, para decirlo con Bauman (2001), "emigrando" del Estado que durante unos cuantos siglos compartió con la nación. Tras haber perdido gran parte de su anterior soberanía, y al no ser capaces de equilibrar las cuentas o de conferir autoridad al tipo de orden social que prefieren, los estados contemporáneos no satisfacen la condición necesaria de una república viable: la capacidad de los ciudadanos de negociar y decidir conjuntamente "el bien público", y de modelar una sociedad que estén dispuestos a reconocer como propia (Touraine, 1997; Vieira, 1998).
Sin embargo, esta última afirmación, válida sobre todo para el mundo "occidental" europeo, es puesta en duda por la emergencia de un fenómeno completamente novedoso y dinámico: los gobiernos de la nueva izquierda latinoamericana. Éstos han llegado al poder en elecciones competitivas y razonablemente limpias, en tránsitos suaves, graduales, más consensuados —como en Brasil, Chile y Uruguay—, o como resultado de las grandes protestas sociales que conmocionaron las calles de Quito, La Paz, Caracas y Buenos Aires. Son gobiernos de izquierda porque, independientemente de las características nacionales de cada uno de ellos, ponen en el centro de las políticas estatales el problema de la desigualdad y la pobreza, y asumen como compromiso político el mantenimiento de mínimos niveles de bienestar por medio del gasto social, del fomento a la producción, el desarrollo de los mercados nacionales, programas de transferencia de renta, incentivos salariales, subsidios y créditos sociales (Bobbio, 2001; Natanson, 2008).
Esto parece poner límites al ciclo de políticas neoliberales que se extendió en América del Sur desde finales de los años setenta hasta finales de los noventa, y si bien los gobiernos de la izquierda latinoamericana han podido estabilizar la economía y consolidarse políticamente,1 se enfrentan a graves dificultades y problemas en medio de una escalada de polarización política, entre una oposición de derecha cada vez más beligerante y dispuesta a llegar, como en el pasado reciente, a situaciones extremas,2 y los movimientos sociales que han depositado sus expectativas en los nuevos gobiernos de izquierda, y que no están en condiciones de posponer más la solución de sus demandas cruciales.
